Promueve diputada Esther Martínez acciones para el reconocimiento de las lenguas indígenas

La diputada Esther Martínez Romano presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13, fracción XV, de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en aquellos municipios donde al menos el 20 por ciento de la población habla una lengua indígena, incorporando en la señalización informativa, la nomenclatura oficial y los topónimos su denominación tanto en español como en la lengua o las lenguas indígenas de uso en el territorio.

La propuesta indica que, en los municipios donde no se actualice dicho porcentaje, pero exista presencia o uso de lenguas indígenas, se les exhorta a considerar y promover, en el ámbito de sus atribuciones, la incorporación de dichas lenguas en la señalización y nomenclatura de los espacios públicos municipales, como medida de reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad lingüística del Estado.

Al presentar el exhorto, la legisladora refirió que, con estas acciones, se busca que el reconocimiento de las lenguas indígenas del Estado se traduzca también en una presencia efectiva de las mismas en la vida pública municipal, facilitando el acceso y la orientación de la población y contribuyendo a su preservación, fortalecimiento y uso.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas para su estudio y resolución procedente.

Por su parte, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó dos iniciativas encaminadas a fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adjudicación de obras públicas.

La iniciativa para reformar la fracción XXVIII del artículo 91 y se adiciona el artículo 171 Bis a la Ley Orgánica Municipal, contempla que las y los presidentes municipales deberán garantizar la imparcialidad, transparencia y libre competencia en los procedimientos de licitación y adjudicación, así como abstenerse de intervenir cuando exista un conflicto de interés.

Además, establecer una prohibición expresa respecto de la participación de las y los presidentes municipales, síndicos, regidoras y regidores, así como titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal como proveedores, contratistas o subcontratistas en procedimientos de contratación realizados por el propio Ayuntamiento.

En el mismo sentido, la segunda propuesta para reformar la fracción I del artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, busca fortalecer los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, garantizando que los recursos destinados a la construcción de infraestructura pública sean ejercidos exclusivamente en beneficio de la sociedad y bajo condiciones efectivas de competencia e igualdad entre los participantes.

Las propuestas legislativas fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, respectivamente, para su estudio y resolución.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de los siguientes asuntos:

-Iniciativa de la diputada María Soledad Amieva Zamora para modificar la Ley de Archivos, mediante la cual se plantea avanzar hacia el deber de garantizar la capacitación, actualización y profesionalización permanente de las personas responsables y del personal que desempeñe funciones sustantivas en las áreas de archivo.